Cierre del puente sobre el río San Miguel empuja el comercio hacia la informalidad en Putumayo

Introducción

El cierre del puente internacional sobre el río San Miguel, que conecta el sur de Colombia con el norte de Ecuador, cambió la dinámica económica y de movilidad en una zona del departamento de Putumayo donde el comercio y el transporte dependen de ese paso. Con el bloqueo, la actividad formal se frenó y parte del movimiento se trasladó a cruces informales por el río.

Contexto y hechos clave

El paso fronterizo permanece cerrado desde finales de diciembre de 2025 por decisión de Ecuador. La medida hace parte de acciones del Gobierno del presidente Daniel Noboa para reforzar la seguridad y contener el accionar de grupos criminales en zonas limítrofes.

En San Miguel, el impacto se refleja en la caída del flujo de clientes y pasajeros. El puente, que durante años sostuvo la economía de comunidades a ambos lados de la frontera, hoy está desierto y bloqueado con rejas metálicas del lado ecuatoriano.

Desarrollo del caso: transporte, comercio y cruces por el río

Pedro Grijalba, conductor de transporte público, describe el golpe al trabajo diario: “no sale ni un viaje”. Según relata, antes del cierre alcanzaba a hacer hasta tres recorridos al día, con ingresos que le permitían sostener a su familia. Ahora dice que apenas cubre lo básico y que le toca rebuscarse “a veces para la media comidita”.

Grijalba también advierte un cambio en la dinámica del corredor: el movimiento que queda se ha desplazado hacia la informalidad. “La gente se pasa ilegal y hay mucha piratería”, afirma, al señalar que el cierre empujó a buscar alternativas fuera del control oficial.

Ese giro se observa en la orilla del río San Miguel, donde canoas con motores han reemplazado al puente como vía de conexión. Lo que antes era un tránsito regulado ahora se hace mediante cruces improvisados al margen de controles.

Del lado ecuatoriano, José Mesa, comerciante, cuenta que su negocio dependía del flujo diario de personas que cruzaban el puente, pero con el cierre “no hay comercio, no hay a quién vender”. Para sostener a su familia, ahora cruza el río hacia Colombia y reconoce que están “prácticamente de manera ilegal, buscando los medios para poder vender algo”.

Mesa intenta recuperar parte de los cerca de 100 dólares que reunía al día, aunque señala que hoy esa cifra no llega ni a una tercera parte.

En el lado colombiano, Francisco Gómez resume el ambiente que percibe tras el cierre: “todo, absolutamente todo, se ha vuelto ilegal”. Según su lectura, la falta de controles termina empujando incluso actividades formales a depender de rutas alternas.

Desvíos y costos adicionales para viajeros

Gómez también subraya que el impacto no se limita a lo local. “No era solo un puente, era una vía interoceánica”, afirma, al referirse a la importancia regional del paso. Con el cierre, los viajeros han tenido que desviarse hacia pasos como Ipiales, en el vecino departamento de Nariño, a cientos de kilómetros, lo que genera confusión y costos adicionales.

Escalada de medidas entre los dos países

La situación se da en medio de una tensión diplomática que escaló a finales de enero. Quito impuso aranceles a los productos colombianos, alegando falta de cooperación en seguridad. Bogotá respondió con medidas similares, el cierre al ingreso de productos ecuatorianos y la suspensión de la interconexión eléctrica.

Estas decisiones profundizaron una guerra comercial que también impacta la frontera, mientras el paso sobre el río San Miguel sigue cerrado.

Diálogo previsto en el marco de la CAN

Para tratar de resolver la situación, Colombia y Ecuador prevén retomar el diálogo la próxima semana en Lima, en el marco de la Comunidad Andina (CAN). El objetivo es acercar posiciones y buscar una salida a la crisis que mantiene bloqueado este paso estratégico.

Reclamos locales frente al cierre

Aunque el cierre del puente busca frenar actividades ilegales, varios habitantes consideran que la medida no corresponde con la realidad local. Mesa, por ejemplo, sostiene: “si es para evitar grupos armados, ellos por aquí no van a pasar”.

Pese a las diferencias, el reclamo común es que ambos gobiernos logren una solución pronta que permita reabrir el paso formal y recuperar la actividad económica que sostenía a estas comunidades. También señalan que las decisiones se toman lejos de la zona y sin tener en cuenta la realidad de quienes dependen del flujo diario a través del puente.

Perspectiva

Este caso muestra cómo una decisión de cierre fronterizo puede reconfigurar, en cuestión de semanas, la economía cotidiana de un corredor donde el transporte y el comercio dependen de un flujo constante. Los testimonios reflejan un cambio claro: cuando el paso formal se bloquea, la demanda de movilidad no desaparece, sino que busca rutas alternas, incluso si eso implica operar por fuera de controles.

En este contexto se observa un riesgo doble. Por un lado, la caída del tránsito formal reduce ingresos de conductores y comerciantes que vivían del movimiento diario, como lo describen quienes hoy reportan menos viajes y menores ventas. Por otro, el traslado hacia cruces improvisados por el río introduce una dinámica más difícil de supervisar, en la que aparecen prácticas como la “piratería” mencionada por los habitantes.

También queda en evidencia que los efectos no se limitan al punto de cierre: el desvío hacia otros pasos, a cientos de kilómetros, añade costos y confusión para viajeros y actividades que dependían de una conexión directa. La salida, según lo planteado en la información disponible, pasa por el diálogo anunciado en el marco de la CAN y por una respuesta que considere la realidad económica de las comunidades fronterizas.