Gobierno deja sin efecto la suspensión de órdenes de captura contra alias ‘Chiquito Malo’ y otros cabecillas del ‘clan del Golfo’

Decisión oficial y qué cambia

El Gobierno revocó la resolución que suspendía las órdenes de captura contra Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como alias ‘Chiquito Malo’, señalado como jefe del ‘clan del Golfo’, y contra otros integrantes de esa organización.

La medida quedó consignada en la Resolución 070 de 2026, firmada por el consejero comisionado de paz, Otty Patiño. En la práctica, esta decisión deja sin efecto la Resolución 274 del 24 de diciembre de 2025, que había suspendido esas órdenes.

La razón expuesta por el Gobierno

Según el contenido de la resolución, la revocatoria se adoptó porque no se inició el desplazamiento de integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) hacia las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) acordadas en conversaciones realizadas en Catar, dentro del calendario previsto.

El inicio de la ubicación gradual y progresiva de los combatientes se proyectó a partir del 1 de marzo de 2026. Sin embargo, llegada esa fecha, el proceso no comenzó.

Impacto en el espacio de conversación

La decisión supone un golpe para el espacio de conversación sociojurídico que, de acuerdo con la información base, es liderado por Álvaro Jiménez, descrito como mano derecha del comisionado Patiño.

En el mismo contexto, se menciona que el Ministerio de Defensa y el presidente Gustavo Petro entregaron a Estados Unidos el nombre de alias ‘Chiquito Malo’ como uno de los grandes objetivos de alto valor para ser neutralizado.

En contraste, el jefe negociador del Gobierno defendió la suspensión de órdenes de captura como un acuerdo clave para coordinar internamente la ubicación gradual de miembros del grupo en tres ZUT: en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba).

Antecedentes recientes de la mesa

La mesa de diálogo atravesó una crisis tras el viaje del mandatario colombiano a Washington. En ese momento, la delegación del ‘clan del Golfo’ suspendió temporalmente el espacio y este solo se reactivó el 9 de febrero, luego de una reunión en Bogotá convocada por los países garantes, la MAPP/OEA y la Conferencia Episcopal.

Pese a la reactivación, un mensaje del presidente Gustavo Petro del 7 de marzo, respondido horas después por el ‘clan del Golfo’, dejó ver tensiones sobre el rumbo de las conversaciones.

“El clan del Golfo ha roto su propio acuerdo que propuso en Doha, Qatar, y debe ser objeto de desmantelamiento armado y judicial. No eliminó una sola hectárea de hoja de coca ni en el Darién ni en el Nordeste antioqueño. No desmontó su economía ilícita del oro con la que corrompe fuerzas estatales locales”, dijo el jefe de Estado.

Por su parte, el grupo armado escribió en su cuenta de X: “En un sorprendente giro de los acontecimientos, el presidente Gustavo Petro aparentemente ha dado por terminadas las negociaciones con el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)”. También pidió aclaraciones: “Presidente, sea claro y concreto: ¿ha roto usted la mesa con nosotros? Responda para frenar todos los procesos en curso. El EGC ha cumplido todos los acuerdos; el Gobierno no, empezando por usted”.

Quiénes estaban cobijados por la suspensión

Entre los nombres mencionados como cobijados por la suspensión de órdenes de captura figuraban Orozman Orlando Osten (alias ‘Rodrigo Flechas’), Elkin Casarrubia (alias ‘El Cura’), Luis Armando Pérez (alias ‘Bruno’) y Gonzalo Sánchez (alias ‘Gonzalito’, fallecido este año).

Interpretación del caso

Este caso muestra cómo, dentro de un proceso de conversación sociojurídica, el cumplimiento de cronogramas operativos puede convertirse en un punto de quiebre para sostener medidas excepcionales como la suspensión de órdenes de captura. La Resolución 070 de 2026 se apoya en un hecho concreto: la no puesta en marcha del desplazamiento hacia las Zonas de Ubicación Temporal en la fecha proyectada. En ese contexto se observa una relación directa entre avances verificables en terreno y la continuidad de decisiones administrativas que buscan facilitar coordinaciones internas.

También se evidencia una tensión institucional y política: mientras se menciona la entrega del nombre de alias ‘Chiquito Malo’ como objetivo de alto valor para ser neutralizado, desde el equipo negociador se defendía la suspensión como una pieza clave para organizar la ubicación gradual. La coexistencia de esos mensajes, sumada al cruce público de declaraciones entre el presidente y el grupo armado, incrementa la presión sobre la claridad de los compromisos y sobre la gobernanza del proceso. En escenarios así, la comunicación pública y la consistencia entre lo acordado y lo ejecutado se vuelven determinantes para evitar nuevas crisis.