Colombia activa nuevo modelo de pasaportes desde el 1 de abril: Portugal fabricará las libretas y la Imprenta Nacional asumirá personalización y distribución

Colombia está a días de iniciar la fase operativa de un nuevo esquema para la expedición de pasaportes, tras 19 años con el mismo operador, Thomas Greg & Sons. El cambio se implementará bajo un modelo “estatal” liderado por la Cancillería, la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional de Colombia, en el marco de un convenio por 1,3 billones de pesos.

El acuerdo ha estado marcado por controversias y ajustes en su estructuración. En ese proceso, el Gobierno ha defendido que el objetivo central es que una entidad estatal sea la única con acceso exclusivo a la información asociada a la expedición de los documentos.

Contexto y hechos clave del nuevo esquema

El convenio establece que, a partir del 1 de abril, la Casa de la Moneda de Portugal asumirá la fabricación de las libretas de pasaporte. Esa producción se realizará en consorcio con la Imprimerie Nationale (IN Groupe) de Francia, que entró a la ecuación tras adquirir Idemia Smart Identity, firma que por más de dos décadas ha brindado soporte tecnológico a la Registraduría en el manejo de los datos de identidad en Colombia.

Una vez producidas las libretas, serán enviadas a la Imprenta Nacional, que quedará a cargo de la personalización, custodia y distribución de los pasaportes. Según el Gobierno, la Imprenta será la única entidad con acceso exclusivo a la información.

Cómo se llegó al cambio y qué pasó con el operador anterior

Durante este proceso, Thomas Greg & Sons —la misma firma a la que se le declaró desierta la licitación pública 001 de 2023, proyectada en 599.651 millones de pesos para garantizar la expedición de pasaportes hasta julio de 2026— fue contratada directamente en tres ocasiones mediante la figura de urgencia manifiesta. Esto ocurrió, según el texto base, ante el incumplimiento de plazos inicialmente previstos para poner en marcha el nuevo esquema, en medio de inestabilidad en la Cancillería.

La decisión de declarar desierta esa licitación le costó la destitución e inhabilidad por 10 años al excanciller Álvaro Leyva, de acuerdo con la información suministrada.

Preparación operativa y transición de un mes

Desde hace varias semanas, técnicos de la Casa de la Moneda de Portugal han trabajado en la adecuación de la Imprenta Nacional para iniciar la operación. La gerente de la Imprenta, Viviana León, afirmó que se instaló infraestructura especializada, maquinaria y laboratorios, junto con procesos de capacitación técnica del personal.

El plan contempla un período de transición de un mes, en el que operarán simultáneamente el modelo anterior y el nuevo, con el fin de garantizar continuidad total del servicio. Según lo indicado, esta recomendación proviene de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

“Existe una transición controlada y una operación escalonada, que permite gestionar cualquier ajuste sin afectar el servicio al ciudadano. Más que una promesa, hay una arquitectura operativa pensada precisamente para evitar interrupciones”, afirmó León.

Qué dice el Gobierno sobre el convenio con Portugal

Según la Cancillería, el Gobierno escogió la propuesta de Portugal al considerar que ofrecía una mayor rapidez en la transferencia de conocimiento y más beneficios en materia de donaciones. Con ello, se plantea que Colombia pueda producir de manera autónoma sus propios pasaportes en un plazo de 10 años, es decir, a partir de 2036.

El 23 de febrero, el presidente Gustavo Petro y la canciller Rosa Villavicencio presentaron el diseño del nuevo pasaporte. De acuerdo con lo explicado, el documento cumple con estándares de la OACI e incorpora lectura mecánica y electrónica encriptada, microchips de última generación, fotografías fantasma, tintas metálicas y microtextos. También se indicó que las páginas integran elementos de seguridad con diseños que representan la cultura del país.

Villavicencio aclaró que los pasaportes actuales seguirán vigentes hasta su fecha de vencimiento y que no es obligatorio renovarlos. Sobre el costo, se informó que solo se ajustará por el índice de precios al consumidor, sin incrementos adicionales. Los trámites podrán hacerse en oficinas de la Cancillería en Bogotá, en gobernaciones habilitadas y en consulados en el exterior.

Retos y desafíos: procesos judiciales y contratos paralelos

El futuro inmediato del esquema mantiene incertidumbre por dos procesos judiciales que buscan anular el convenio: uno promovido por la Procuraduría General de la Nación y otro por el ciudadano Nicolás Dupont. Ambos están en fase inicial y, según la Cancillería, no ponen en riesgo su ejecución, aunque sí sostienen la incertidumbre.

En el proceso de la Procuraduría, que se tramita en la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Fondo Rotatorio interpuso a principios del año un recurso de reposición contra el auto admisorio. Según el texto, se argumentó que las controversias deberían discutirse por un tribunal de arbitramento internacional, por la cláusula compromisoria pactada, y se planteó la necesidad de agotar la conciliación prejudicial por la reforma introducida por la Ley 2220 de 2022.

El despacho del magistrado José Élver Muñoz Barrera resolvió el recurso el 9 de marzo: consideró que no era necesaria la conciliación y precisó que la existencia de cláusula compromisoria es un asunto para estudiar más adelante. La Cancillería agregó que el Fondo Rotatorio continuará atendiendo el proceso y presentará contestación de demanda en las próximas semanas, defendiendo que el convenio tripartito no está afectado por causales de nulidad.

En relación con la acción popular presentada por Nicolás Dupont, que se tramita en la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el despacho del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón admitió la demanda en enero. El Fondo Rotatorio se opuso a la tramitación al considerar que la demanda no cumplía requisitos legales y, tras agotar recursos ante el Tribunal, presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado para solicitar protección al debido proceso.

En paralelo, la Imprenta Nacional y el Fondo Rotatorio de la Cancillería firmaron dos nuevos contratos con el mismo objeto, esta vez con un plazo de ejecución hasta diciembre de 2026, en lo que el texto describe como un intento por blindar el modelo ante una eventual medida cautelar o una decisión de nulidad.

Interpretación del caso

Este caso muestra cómo un cambio operativo en un servicio público sensible no depende solo de la capacidad técnica para producir y personalizar un documento, sino de la solidez jurídica y administrativa del modelo que lo respalda. La decisión de implementar una transición de un mes con operación simultánea apunta a reducir el riesgo de interrupciones, pero también evidencia que el margen de error es limitado: el servicio debe mantenerse mientras se ajustan procesos, se capacita personal y se integran responsabilidades entre actores distintos.

En este contexto se observa un equilibrio complejo entre dos objetivos que el propio Gobierno ha puesto sobre la mesa: asegurar que una entidad estatal tenga acceso exclusivo a la información y, al mismo tiempo, garantizar continuidad y confianza ciudadana en la expedición. La presencia de procesos judiciales en curso, aunque estén en fase inicial, añade una capa de incertidumbre que obliga a reforzar la trazabilidad de decisiones y la capacidad de respuesta institucional. La firma de contratos paralelos con el mismo objeto, descrita como un intento de blindaje, refleja que el diseño del esquema no se juega únicamente en la planta de producción, sino también en la estabilidad del marco contractual y en la defensa del convenio ante los tribunales.