Ciro Ramírez anuncia apelación tras condena en primera instancia a 23 años y reitera su inocencia

Introducción

El senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, se pronunció luego de que la Corte Suprema de Justicia lo condenara a 23 años de prisión, en primera instancia, por su participación en el entramado de corrupción conocido como ‘las marionetas 2.0’. El congresista confirmó que apelará la decisión y sostuvo que es inocente.

Qué dijo el senador tras la sentencia

Ramírez afirmó que mantendrá su defensa en segunda instancia. “Ratifico mi inocencia en este proceso, en las 438 paginas no hay una sola que haya demostrado certeza de la conducta como lo exige la ley”, dijo.

También señaló que presentará el recurso correspondiente: “Interpondremos recurso de apelación y tenemos la esperanza que esta sentencia se pueda revocar en segunda instancia”.

En un video, cuestionó la extensión del fallo y aseguró que, según su postura, no se probó que hubiera tenido interés político o económico, como sostiene la sentencia. “Necesitaron 438 página para demostrar que yo había hecho eso. No hay ninguna página que demuestre que yo haya cometido esos delitos”, afirmó.

El senador agregó que nunca gestionó el contrato mencionado en el proceso y que tampoco tuvo interés económico en él. “Tengo que decirles que por la institucionalidad que acudiremos al recurso de apelación”, expresó.

Decisión judicial y delitos

La Corte Suprema de Justicia condenó al senador Ciro Ramírez a 23 años de cárcel por su participación en el escándalo de ‘las marionetas’. El fallo en primera instancia lo halló culpable de cohecho propio y concierto para delinquir.

En la misma decisión, la Corte lo absolvió por interés indebido en la celebración de contratos, dentro de una red clientelar descrita en el proceso como un direccionamiento ilegal de contratos a través de parlamentarios y algunos de sus asesores, en connivencia con funcionarios de entes territoriales.

Hechos que sustentan el caso, según la investigación

Los hechos por los que fue llamado a juicio y condenado por la Sala Especial de Primera Instancia se remontan a 2021. Según lo expuesto en el proceso, se habría pactado una negociación criminal en la que intervinieron Pablo César Herrera, asesor de la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta, y el senador Ramírez.

En ese encuentro, Herrera le habría expuesto avances y resultados de un contrato de gerencia suscrito entre Proyecta y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS). Posteriormente, el 13 de octubre de 2021, Herrera se habría reunido con Ramírez y con Pierre García, exsubdirector del DPS, para discutir la posibilidad de suscribir un nuevo contrato interadministrativo de gerencia integral entre el DPS y Proyecta.

La Corte recuenta que durante la semana del 8 al 12 de noviembre de 2021, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, se firmó el contrato interadministrativo 670 de 2021 entre el DPS y Proyecta, por un valor de 48.660 millones de pesos.

Contratos mencionados y direccionamiento señalado

De acuerdo con la investigación, producto del entramado de corrupción los contratos de obra e interventoría conocidos como Saldaña y Quindío Varios habrían quedado en manos de un grupo coordinado por Raúl Alfonso Cardozo Ordóñez, quien designó a los contratistas.

También se menciona que obras en Mariquita, Purificación, Villarrica y Melgar, junto con sus respectivas interventorías, habrían sido direccionadas para favorecer a empresas representadas por Anderson González González.

Según la investigación, el plan —diseñado y promovido por García— buscaba consolidar un proyecto político en Quindío, Caldas, Santander y Tolima, en paralelo con el pago de dádivas que ascenderían a 1.000 millones de pesos.

Lectura estratégica

Este caso muestra cómo, en procesos por presunto direccionamiento de contratación y redes de intermediación, el debate público suele moverse en dos planos simultáneos: el judicial y el político. Por un lado, la sentencia en primera instancia define responsabilidades penales específicas —en este caso, cohecho propio y concierto para delinquir— y delimita otras conductas al absolver por interés indebido en la celebración de contratos. Por el otro, la reacción del condenado se centra en cuestionar la suficiencia probatoria y en insistir en que no se acreditó un interés político o económico, además de anunciar el uso de los recursos previstos por el sistema.

En este contexto se observa que la apelación se convierte en un punto clave de la estrategia: no solo busca revertir la condena, sino disputar la narrativa sobre qué quedó probado y qué no dentro del expediente. También resalta la importancia de la trazabilidad de reuniones, contratos interadministrativos y decisiones previas a restricciones como la Ley de Garantías, porque esos hitos terminan siendo el soporte de la reconstrucción judicial de los hechos. La discusión, más que sobre declaraciones generales, gira alrededor de documentos, cronologías y roles atribuidos a cada actor mencionado en la investigación.