Cierre parcial y presión en aeropuertos: Trump amenaza con enviar agentes del ICE ante ausencias récord en la TSA
La falta de acuerdos presupuestales en el Congreso mantiene un cierre parcial del gobierno que ya impacta de forma directa la operación de los aeropuertos en Estados Unidos. Miles de agentes de la...
La falta de acuerdos presupuestales en el Congreso mantiene un cierre parcial del gobierno que ya impacta de forma directa la operación de los aeropuertos en Estados Unidos. Miles de agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) están trabajando sin recibir salario, un escenario que se refleja en ausencias récord, filas prolongadas y advertencias oficiales sobre una posible interrupción de operaciones si la situación se agrava.
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Contexto y hechos clave
En medio del bloqueo presupuestal, el presidente Donald Trump lanzó un ultimátum: si no hay un pacto para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) antes de este lunes, desplegará agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los aeropuertos.
La propuesta ha generado dudas dentro de la propia TSA. George Borek, funcionario de la TSA en Atlanta y delegado sindical, dijo a CNN: “El presidente puede hacer que (agentes de ICE) vengan allí, pero no veo cómo eso nos ayuda a superar este período”. Borek también sostuvo que incluso un agente experto debe recertificarse si deja su puesto por 30 días, lo que cuestiona la utilidad de reemplazos externos en tareas de control aeroportuario.
Qué está pasando en las terminales
La crisis ya es visible para los viajeros. El absentismo de trabajadores de la TSA llegó a 10,22 % el pasado lunes, en un contexto en el que empleados reportan dificultades para cubrir gastos básicos, incluso el combustible para llegar al trabajo.
En el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, más de un tercio del personal faltó la semana pasada, lo que derivó en filas de hasta dos horas. En el William P. Hobby de Houston, la inasistencia superó el 50 %.
Advertencias desde el Gobierno y riesgo operativo
Sean Duffy, secretario del Departamento de Transporte, advirtió en CNN que “estos serán días buenos comparados con lo que sucederá dentro de una semana, cuando Estados Unidos intente viajar”. En su lectura, los retrasos actuales podrían verse como menores si no se aprueban los recursos.
Adam Stahl, administrador adjunto interino de la TSA, planteó un escenario más crítico: “no es exagerado decir que podríamos tener que cerrar literalmente aeropuertos, sobre todo los más pequeños, si aumentan las tasas de ausencias”. Aunque la TSA no puede cerrar un aeropuerto por decreto, el requisito legal de requisar a los pasajeros implica que, sin personal suficiente, la operación se detiene.
Impacto en el personal: salarios interrumpidos y renuncias
La TSA tiene 61.000 empleados que atraviesan su tercera interrupción salarial en seis meses, además del cierre de 43 días del año pasado. El reporte incluye casos de procesos de desalojo, cuentas bancarias en rojo y dificultades para comprar alimentos básicos.
En ese contexto, más de 400 agentes han renunciado desde que inició el conflicto actual. Borek describió el ambiente en las terminales al señalar que, mientras intenta mantener la calma, termina disculpándose con los pasajeros: “En realidad, estoy pidiendo disculpas a los pasajeros a medida que pasan”.
Un grupo de aeropuertos con operación distinta
No todas las terminales enfrentan el mismo nivel de presión. Un grupo de 20 aeropuertos mantiene controles de seguridad privatizados y, según el reporte, no ha sufrido el rigor de las largas filas. Entre los mencionados están el Aeropuerto Internacional de San Francisco, el de Kansas City y el de Orlando Sanford.
Estas instalaciones hacen parte del Programa de Colaboración para el Control de Seguridad de la TSA y operan con contratistas privados en lugar de empleados federales directos, por lo que su funcionamiento se mantiene al margen del bloqueo presupuestal.
Perspectiva
Este caso muestra cómo una disputa presupuestal puede trasladarse, en cuestión de días, desde el plano político hasta la operación diaria de un servicio crítico. La TSA aparece en el centro del problema por una razón simple: su trabajo es un requisito legal para que los pasajeros puedan volar. Cuando la continuidad salarial se rompe, el sistema no solo enfrenta un malestar laboral; también queda expuesto a un riesgo operativo inmediato, porque la ausencia de personal no se compensa con facilidad.
En este contexto se observa un choque entre urgencia y especialización. La amenaza de enviar agentes del ICE busca una respuesta rápida, pero las dudas expresadas por un delegado sindical apuntan a un límite práctico: el control de seguridad aeroportuaria requiere entrenamiento y recertificación. La tensión se amplifica con cifras de absentismo y con renuncias ya registradas, lo que sugiere un desgaste acumulado.
También queda en evidencia una diferencia de modelos: las terminales con controles privatizados reportan una operación más fluida frente al bloqueo presupuestal. Sin convertirlo en una receta, el contraste ilustra que la estructura de contratación y la dependencia directa del presupuesto federal pueden influir en la resiliencia del servicio cuando hay interrupciones de pago.


