Audiencia por pagos de defensa de Nicolás Maduro termina sin decisión y juez cuestiona congelación de fondos

La segunda audiencia del caso judicial contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, terminó este jueves sin una decisión del juez sobre la disputa por el pago de los abogados de la defensa. El magistrado Alvin Hellerstein expresó dudas frente a la congelación de fondos venezolanos por parte del Gobierno de Estados Unidos, una medida que, según lo expuesto en la audiencia, impide que los acusados financien su defensa.

Qué se discutió en la segunda audiencia

El punto central fue el bloqueo para pagar la representación legal. La defensa de Flores y Maduro solicitó en febrero que el caso fuera desestimado, después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) negara a los acusados una licencia para pagar su defensa con fondos del Gobierno de Venezuela.

Hellerstein, de 92 años, descartó desestimar el caso. “Eso sería tomar una medida demasiado seria”, dijo durante la audiencia, según el reporte basado en información de Efe.

Las posiciones del Gobierno de Estados Unidos y del juez

El fiscal adjunto Kyle Wirshba sostuvo ante el juez que el Gobierno estadounidense debería poder “utilizar sanciones para influir en la política exterior o la seguridad nacional”.

Hellerstein respondió que, dado que Maduro y Flores están detenidos, “no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional”. También afirmó que “las cosas han cambiado en Venezuela” y que Estados Unidos ya “hace negocios” con el país caribeño, en el marco de su discusión sobre el alcance de las sanciones y su impacto en el acceso a la defensa.

Los cargos que enfrentan Maduro y Flores

Maduro está acusado por la Justicia estadounidense de cuatro cargos: tres por conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito por posesión de esas armas.

Flores enfrenta otros cuatro cargos relacionados: dos por conspiración para importar cocaína, uno por conspiración para poseer armas y otro por posesión de armas.

En su primera comparecencia, Maduro se declaró “no culpable” y se definió como un “prisionero de guerra”.

El papel de Barry J. Pollack y el costo estimado de la defensa

Barry J. Pollack figura como el abogado de Maduro. Es presentado como uno de los litigantes más destacados de la firma Harris, St. Laurent & Wechsler LLP. También es miembro del Colegio Estadounidense de Abogados Litigantes, fue miembro del Consejo Estadounidense de Abogados Penalistas y expresidente de la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal.

De acuerdo con Portafolio, el costo total de la representación del exmandatario venezolano podría llegar a los 100 millones de dólares. El mismo reporte atribuye ese nivel de costo a que el obstáculo en la licencia afecta solo a Maduro por la naturaleza de sus cargos.

El perfil de Pollack incluye más de 30 años de experiencia representando a clientes particulares, entre ellos ejecutivos y altos funcionarios gubernamentales, y menciona su participación en la defensa de Julian Assange en el caso WikiLeaks. También se indica que ha representado a corporaciones y otras organizaciones en juicios e investigaciones delicadas y con alta repercusión mediática.

Interpretación del caso

Este caso muestra cómo una disputa sobre licencias y sanciones puede convertirse en un punto determinante dentro de un proceso judicial, incluso antes de entrar al fondo de los cargos. La audiencia no giró alrededor de una nueva evidencia o de un cambio en la acusación, sino de la posibilidad real de sostener una defensa financiada con recursos que, según lo discutido, están congelados y requieren autorización para ser usados.

En este contexto se observa una tensión entre dos objetivos: por un lado, la capacidad del Gobierno de Estados Unidos de aplicar sanciones con fines de política exterior o seguridad nacional, como argumentó la Fiscalía; por el otro, el estándar de acceso a una defensa efectiva cuando los acusados están detenidos y alegan que no pueden pagar a sus abogados por restricciones administrativas. La respuesta del juez, al cuestionar el argumento de amenaza a la seguridad nacional y al mencionar cambios en la relación comercial, sugiere que el debate no es solo técnico, sino también sobre proporcionalidad y coherencia de las medidas.

La discusión también deja ver el peso que puede tener el costo de una defensa altamente especializada, especialmente cuando el abogado principal tiene un perfil de litigio complejo y mediático. Más que un detalle financiero, el pago se vuelve un factor que puede influir en el ritmo y en las decisiones procesales del caso.