Armando Novoa atribuye a trámites internos la demora en reactivar la orden de captura contra ‘Zarco Aldinever’

El exmagistrado Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), se refirió a la controversia por el retraso en la reactivación de la orden de captura contra alias Zarco Aldinever. Según lo expuesto por Novoa en entrevista con EL TIEMPO, el trámite se demoró, pero no obedeció a una “negligencia dolosa”.

La discusión se da porque la reactivación de la orden de captura se hizo efectiva un mes después del ataque contra el senador Miguel Uribe Turbay, en un caso en el que Aldinever es señalado. Novoa, por su parte, negó que hubiera negligencia y sostuvo que ese episodio no debe asociarse con la política de ‘paz total’.

Contexto y hechos clave

El Gobierno instaló el 24 de junio de 2024, en Caracas, una mesa de diálogos con la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc liderada por Iván Márquez. En ese momento, el grupo incluía tres estructuras: la Segunda Marquetalia, la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de la Frontera.

Meses antes, en febrero, el Gobierno había reconocido como miembros representantes de la disidencia de Márquez a nueve guerrilleros, entre ellos José Aldinever. Quienes estaban en esa mesa contaban con el levantamiento de órdenes de captura.

En noviembre de 2024, el proceso se fracturó: Márquez desconoció la mesa y las acciones adelantadas, mientras que las otras dos estructuras decidieron continuar los diálogos. Para ello, se separaron de la Segunda Marquetalia y se reorganizaron bajo el nombre de Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), con respaldo del Gobierno para seguir negociando.

Qué explicó Novoa sobre la demora

Novoa recordó que la ruptura entre la Segunda Marquetalia y la CNEB se produjo el 16 de noviembre de 2024. Tras esa separación, la delegación del Gobierno continuó negociando con la estructura liderada por José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, quien —según Novoa— había sido designado por Iván Márquez como jefe de la delegación de la anterior Segunda Marquetalia.

De acuerdo con Novoa, el Gobierno solicitó que la CNEB formalizara por escrito su decisión de seguir en la mesa y precisara qué personas continuarían como representantes. Esa comunicación, atribuida a Walter Mendoza, llegó aproximadamente en la tercera o última semana de marzo de 2025.

El jefe negociador explicó que, a partir de ese punto, se activó un trámite interno que requiere conceptos previos sobre la calificación del grupo como “grupo armado organizado” en el marco de la ley de paz total. Según su relato, ese proceso pasa por varias instancias: va de la Consejería de Paz al Ministerio de Defensa y regresa a la Consejería, y se tarda algunas semanas.

Novoa también mencionó que el 12 de febrero de 2025 fue capturado Andrés Rojas, alias Araña, en Bogotá, y que ese episodio llevó a una congelación de la mesa de diálogos por más de dos meses. En su versión, esto ayuda a explicar tanto la demora en el envío de la comunicación como el retraso en los trámites posteriores.

Según Novoa, hacia finales de junio se reconoció a la CNEB como grupo armado organizado con el que debía adelantarse el diálogo de paz, y dos semanas después se reconocieron los nuevos negociadores.

La solicitud de retirar nombres de la mesa

En marzo, la CNEB solicitó a Novoa retirar de la mesa a nueve personas, entre ellas alias Aldinever. Novoa indicó que el documento debía tramitarse ante la oficina jurídica de la Consejería de Paz para revisar los nombres de quienes salían y de quienes integrarían la nueva delegación, y que luego debía pasar por Presidencia de la República.

En ese marco, Novoa sostuvo que sí hubo una demora entre la separación de estructuras y la actualización formal de la representación, pero insistió en que se trató de un retraso administrativo.

La afirmación sobre efectos prácticos de la suspensión

Novoa aseguró que, en su criterio, la suspensión de órdenes de captura no tuvo “consecuencia práctica” porque, según dijo, ni Iván Márquez ni Aldinever estaban en Colombia. Señaló que ambos estaban fuera del país, del lado de la frontera colombo-venezolana, y que, de acuerdo con informaciones de inteligencia que recibieron, Aldinever estaba del otro lado de la frontera del departamento de Vichada.

También afirmó que no conocieron episodios en los que Márquez o Aldinever hubieran invocado la suspensión de la orden de captura frente a actuaciones de autoridades judiciales, policiales o militares.

El episodio sobre la solicitud de Iván Márquez

Novoa relató un episodio posterior a la instalación de la mesa en Caracas: dijo que Iván Márquez solicitó que se le suspendiera una orden de captura con fines de extradición para regresar a Colombia. Según Novoa, la delegación del Gobierno se opuso, argumentando que eso solo sería posible cuando el diálogo estuviera en un “estado avanzado”, entendido como el momento en que se creara una Zona de Ubicación Temporal, donde —según la ley de paz total— opera la suspensión de órdenes de captura, incluso con fines de extradición.

De acuerdo con Novoa, esa negativa fue una de las razones por las que Márquez se separó de la mesa y no volvió a ser parte de ella. Añadió que, según su versión, Aldinever y otros lugartenientes cercanos no aparecieron en la mesa ni tuvieron relación con el proceso.

Estado del proceso con la CNEB y la Zona de Ubicación Temporal

Novoa entregó detalles sobre el estado del proceso con la CNEB. Indicó que se esperaba que dentro de un mes y medio iniciara el desplazamiento de unidades hacia la primera Zona de Ubicación Temporal, ubicada en el Valle del Guamuez, en Putumayo.

Además, señaló que el Gobierno calculaba que en un término aproximado de 40 días la zona estaría habilitada para que empezara el traslado de unidades de la Coordinadora y de los Comandos de Frontera, “si no hay contratiempos graves”.

En su explicación, Novoa afirmó que la zona habilitada en el Valle del Guamuez está prevista para el ingreso de 100 unidades. También dijo que posteriormente ocurriría lo mismo en Nariño y que la intención es que el número de personas que ingresen a dos Zonas de Ubicación Temporal sea mayor.

Sobre las condiciones de ingreso, Novoa afirmó que las unidades entrarían sin uniformes de uso privativo de la Fuerza Pública y que, al momento de ingresar a la ZUT, tendrían que dejar las armas que portan. Añadió que cada persona debe acreditar que porta un arma y que no pueden entrar personas sin armas, pues deben presentarla como condición de ingreso.

Hechos de seguridad mencionados por el negociador

Novoa relató un hecho ocurrido en el resguardo indígena de Inda Zabaleta: dijo que una persona que no vestía traje militar ni estaba armada fue atacada por francotiradores a las diez de la noche. Agregó que esperaban que las autoridades adelantaran las investigaciones correspondientes, al considerar que el avance de la mesa requiere garantizar la integridad de quienes representan al grupo en el diálogo.

También indicó que durante esa semana se harían dos reuniones con representantes del grupo para fijar una fecha de reanudación del séptimo ciclo.

El caso de alias Araña y compromisos mencionados

Novoa afirmó que el presidente de la República dictó una resolución que concedió la extradición a Estados Unidos de Andrés Rojas, alias Araña, y suspendió su entrega al nivel de compromiso que esa persona adquiera frente a lo acordado en la mesa.

Entre los compromisos mencionados por Novoa están la erradicación de cultivos de hoja de coca y la disminución de la violencia en el territorio. En ese punto, aseguró que hay 13.000 familias en Putumayo que firmaron acuerdos de sustitución y que el grupo Comandos de Frontera ha acompañado esa decisión, en el sentido de no bloquear, no amenazar, no constreñir y no extorsionar a quienes firmaron.

Novoa añadió que el programa a cargo de Gloria Miranda, en el programa Hacemos, trabaja con esas familias que ya están erradicando hojas de coca.

También dijo que la fiscal general de la Nación, en un reportaje a EL TIEMPO, reconoció que en Nariño y Putumayo se presentan los mejores índices de respeto a la vida de las comunidades y que los índices de homicidios violentos en 2025 se han reducido significativamente. Al mismo tiempo, señaló que eso no significa que el grupo haya dejado de realizar otras actividades, como lo ha denunciado la Defensoría del Pueblo.

Interpretación del caso

Este caso muestra cómo, en procesos de negociación con estructuras armadas, los cambios de representación y de “calificación” institucional pueden convertirse en un punto crítico de gestión pública. Lo que Novoa describe no es una discusión sobre si existía o no una mesa, sino sobre cómo se formalizan decisiones, cómo se actualizan listados y cómo se activan o desactivan efectos jurídicos asociados a esa participación. En ese contexto se observa un riesgo recurrente: cuando los trámites se extienden, el debate público tiende a llenar los vacíos con interpretaciones sobre intencionalidad, incluso si el funcionario insiste en que se trató de burocracia.

También se evidencia que la credibilidad del proceso no depende solo de lo que se acuerde en la mesa, sino de la capacidad del Estado para documentar, tramitar y comunicar decisiones sensibles con tiempos claros. La narrativa de Novoa apunta a separar el episodio de la orden de captura de la política de ‘paz total’, y a sostener que no hubo efectos prácticos por la ubicación de los señalados. Aun así, el episodio deja sobre la mesa una necesidad operativa: que los procedimientos internos, especialmente los que involucran varias entidades, tengan rutas verificables y trazabilidad suficiente para resistir el escrutinio público.