Rentas cortas en Colombia: cifras del mercado, reglas y claves para invertir o hospedarse

Con la temporada de Semana Santa, aumenta el interés por alternativas de alojamiento distintas a las tradicionales. En ese contexto, las viviendas turísticas o rentas cortas ganan visibilidad en Colombia tanto como opción para hospedarse por pocos días como por su atractivo para quienes buscan ingresos a través de inversión inmobiliaria.

Panorama del mercado: tamaño, ocupación y tarifas

Datos analizados por Fedelonjas con base en AirDNA y cálculos de Camacol estiman que en Colombia hay 116.685 hospedajes en el mercado de rentas cortas. Según esas cifras, el segmento registra una ocupación promedio de 50%, con una tarifa media de $255.000 por noche.

El comportamiento del usuario también aparece reflejado en la estadía promedio, que es de 5 días. En términos de ingresos, el promedio anual por inmueble se ubica en $41 millones.

Qué está impulsando el modelo

Fedelonjas relaciona el dinamismo de las rentas cortas con el buen momento del turismo. En ese marco, los inmuebles residenciales destinados a vivienda turística representan cerca de 1,2% del total de viviendas, y el país recibió más de 6,4 millones de visitantes no residentes en 2025.

Para el gremio, el crecimiento del modelo también exige condiciones claras. “Las rentas cortas se han consolidado como una alternativa de alojamiento e inversión cada vez más visible en Colombia. Pero su crecimiento debe ir acompañado de reglas claras: Registro Nacional de Turismo, respeto por la propiedad horizontal y cumplimiento de lo ofrecido al usuario”, afirmó Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas.

Dónde se concentra la oferta y cómo se comporta la demanda

Al revisar la distribución territorial del total de hospedajes ofertados, se observa una concentración en Antioquia con más de 30.000 hospedajes. Le siguen Bogotá, con más de 19.000, y Bolívar, con más de 13.000 unidades.

Las tasas de ocupación más altas se reportan en Bogotá (62%), Norte de Santander (58%) y Antioquia (57%), territorios que, según el reporte, mantienen una demanda sostenida durante la mayor parte del año.

En ingresos anuales, los mayores valores brutos estimados se ubican en Bolívar, San Andrés y Antioquia, con rangos entre $50,5 millones y $68,4 millones.

Reglas básicas: qué está permitido y qué no

En Colombia está permitido prestar servicios de vivienda turística, siempre que se cumplan requisitos legales. El principal es estar inscrito en el Registro Nacional de Turismo (RNT), obligatorio para operar como prestador de servicios turísticos y que debe actualizarse anualmente.

Si el inmueble está en propiedad horizontal, su uso como vivienda turística debe ser compatible con el reglamento de la copropiedad. En contraste, no está permitido operar de manera informal ni ofrecer servicios turísticos sin contar con RNT. Tampoco puede asumirse que cualquier inmueble residencial puede destinarse a renta corta sin verificar previamente el reglamento de propiedad horizontal.

Qué revisar antes de invertir

Antes de comprar o destinar un inmueble a rentas cortas, el reporte sugiere revisar si el edificio o conjunto permite expresamente esta actividad y si el inmueble puede cumplir los requisitos del RNT. También plantea evaluar la viabilidad de la operación una vez se descuenten costos.

En ese punto, se advierte que gastos como administración, servicios públicos, mantenimiento, mobiliario y comisiones pueden representar entre 30% y 40% de los ingresos brutos.

Qué revisar antes de hospedarse

Para quienes planean alojarse en una renta corta, la recomendación central es verificar que el alojamiento opere formalmente. También se sugiere revisar con atención condiciones de reserva y cancelación, horarios, servicios incluidos y reglas del inmueble.

El texto insiste en confirmar que lo publicado coincida con la realidad y en guardar soportes de pago y comunicaciones. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha reiterado que los prestadores deben respetar las condiciones ofrecidas y las reservas aceptadas.

Qué hacer ante un abuso y cuáles son las sanciones

Si el problema está relacionado con reservas, publicidad engañosa, cobros o cancelaciones injustificadas, el consumidor puede acudir a la SIC, entidad encargada de proteger sus derechos. En casos asociados a convivencia en propiedad horizontal, la primera instancia suele ser la administración del conjunto, el consejo o el comité de convivencia.

La SIC advirtió en enero de 2026 que los prestadores de alojamiento turístico que no respeten las condiciones de las reservas o hagan cancelaciones unilaterales pueden enfrentar consecuencias legales.

Sobre sanciones, la SIC indica que si el prestador incumple la reserva pactada o cualquier otro servicio turístico ofrecido o contratado, total o parcialmente, tendrá la obligación —a elección del turista— de prestar otro servicio de la misma calidad o de reembolsar o compensar el precio pactado por el servicio incumplido, conforme al artículo 63 de la Ley General de Turismo (Ley 300 de 1996).

Perspectiva

Las cifras presentadas por Fedelonjas, a partir de datos de AirDNA y cálculos de Camacol, muestran un mercado de rentas cortas con volumen relevante y métricas claras de ocupación, tarifa y estadía. En este contexto se observa que el atractivo no está solo en el ingreso potencial, sino en la capacidad de operar bajo condiciones verificables: formalidad, reglas de convivencia y cumplimiento de lo ofrecido al usuario.

El énfasis en el Registro Nacional de Turismo y en el respeto por la propiedad horizontal marca un punto crítico: el modelo depende de que propietarios y operadores entiendan que no se trata únicamente de publicar un inmueble, sino de asumir obligaciones frente a consumidores y vecinos. Del lado del usuario, la recomendación de revisar condiciones de reserva, cancelación y reglas del inmueble apunta a reducir fricciones y a dejar trazabilidad en caso de reclamos.

La referencia a la SIC y a las consecuencias por cancelaciones unilaterales refuerza un mensaje práctico: el mercado puede crecer, pero su sostenibilidad está atada a la confianza. Esa confianza se construye con información clara, cumplimiento de reservas y mecanismos de reclamación que funcionen cuando hay incumplimientos.