Uribe y Cepeda escalan el choque con acusaciones cruzadas y exigencia de pruebas en plena campaña

Introducción

Un cruce de señalamientos entre el expresidente Álvaro Uribe y el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, abrió una nueva disputa pública dentro de la campaña presidencial. La controversia se intensificó tras declaraciones de Cepeda ante sus simpatizantes y una respuesta de Uribe en redes sociales, que derivó en exigencias de sustento judicial.

Contexto y hechos clave

En las últimas horas, Cepeda afirmó que Uribe construyó su carrera política con apoyo de sectores delictivos que operaban en el departamento de Antioquia. En medio de la polémica, el candidato ratificó lo dicho en Medellín el 12 de febrero, durante un acto en el Parque San Antonio, donde sostuvo que “Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía, y del terrorismo de Estado” y que “surgió una alianza perversa entre sectores económicos, políticos y armados que utilizaron la represión, el miedo y el exterminio para proteger sus intereses”.

Cepeda aseguró que sus palabras no fueron distorsionadas, sino utilizadas con fines electorales por sus contradictores en la región. Desde la tarima, también señaló directamente a Uribe y dijo que, desde que fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, “se hizo de la mano de los clanes familiares del cartel de Medellín”, mencionando los apellidos Ochoa, Villegas y Cifuentes Villa.

Desarrollo del caso

Uribe rechazó las acusaciones y respondió a través de su cuenta de X con un mensaje en el que calificó a Cepeda como “bandido camuflado de derechos humanos” y afirmó que los señalamientos en su contra “han sustentado los atentados contra mi vida”.

Además, Uribe acusó a Cepeda de haber instigado el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. En su publicación, sostuvo que el crimen lo realizó la Nueva Marquetalia y afirmó que Cepeda ayudó a conformar ese grupo “como patrocinador de la impunidad y de la fuga de Iván Márquez y de Santrich”. Según la información base, estos señalamientos no tienen respaldo judicial hasta la fecha.

Uribe cerró su intervención con otra afirmación sobre la candidatura de Cepeda: “Ni Antioquia ni Colombia pueden permitir ni reconocer la candidatura de Cepeda, impuesta a sangre y fuego por criminales”. De acuerdo con el contenido, esto elevó el ambiente político en el departamento y generó reacciones desde distintos sectores sociales.

La discusión también tuvo intervención del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quienes reaccionaron a favor del departamento y bajo una ideología política alineada a las propuestas del Centro Democrático.

Exigencia de pruebas y reacción del Pacto Histórico

Tras los señalamientos del expresidente, Cepeda respondió exigiendo que Uribe presente ante la justicia “las pruebas que sustenten la acusación formulada en mi contra en relación con el asesinato del senador Miguel Uribe”. El candidato agregó que “en un Estado de derecho, las afirmaciones de tal gravedad no pueden quedar en el terreno de la insinuación ni de la descalificación pública”.

Desde el Pacto Histórico, el rechazo a las declaraciones de Uribe fue inmediato. La colectividad calificó sus mensajes como “discurso de odio, calumnias e infamias” y los atribuyó a lo que definieron como “desesperación y frustración frente a la inminente victoria de Iván Cepeda en la primera vuelta presidencial”.

Interpretación del caso

Este episodio muestra cómo la campaña puede entrar rápidamente en una dinámica de confrontación basada en acusaciones de alta gravedad, con efectos directos sobre el debate público. Cuando los señalamientos incluyen presuntos vínculos con estructuras criminales o responsabilidades en hechos violentos, el riesgo principal es que la discusión se desplace del contraste de propuestas hacia la descalificación, elevando la tensión política y reduciendo el espacio para deliberaciones verificables.

En este contexto se observa un punto crítico: la necesidad de que afirmaciones de este calibre se tramiten con soportes y canales institucionales, especialmente cuando se mencionan delitos o responsabilidades personales. La exigencia de pruebas ante la justicia, planteada por Cepeda, pone el foco en la diferencia entre una acusación política y una imputación que requiere sustento.

También queda en evidencia que el debate no se limita a los candidatos, sino que involucra reacciones de figuras locales y colectividades, lo que puede amplificar el alcance del conflicto. La forma en que se manejen estas controversias incide en la credibilidad de los actores y en la calidad del debate democrático, particularmente cuando el lenguaje utilizado eleva la polarización.