Gobierno protocoliza compromisos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en medio de denuncias por extorsión en Santa Marta

En un contexto de denuncias por control territorial de grupos armados en zonas turísticas y comerciales de Santa Marta, el Gobierno suscribió esta semana varios compromisos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Los acuerdos están orientados a reducir las violencias en la región Caribe y a no interferir en los procesos electorales.

Tras la protocolización, Mauricio Silva, representante del Gobierno en el espacio de conversación sociojurídico, explicó que los compromisos firmados “ya se vienen cumpliendo” y que el acto de esta semana formalizó medidas que estaban en marcha.

Hechos clave del proceso

Silva señaló que el proceso se inició el 22 de febrero del año pasado como un “proceso de transformación del territorio”, luego de acercamientos previos para que el presidente tomara la decisión de avanzar. Según el delegado, el objetivo inicial de las conversaciones es que el grupo “deje de existir”.

Entre los puntos mencionados por el funcionario está el cese de acciones ofensivas del grupo contra la Fuerza Pública, que —de acuerdo con su relato— lleva más de un año en cumplimiento. También afirmó que el grupo está comprometido con no reclutar menores de 18 años.

Otro componente formalizado es el compromiso de no interferencia en las elecciones. Silva recalcó que se trata de una obligación que “tienen que cumplir”.

Denuncias por extorsión y el problema de la atribución

Uno de los temas más sensibles, según Silva, es la aparición de extorsiones en Santa Marta firmadas con las siglas del grupo, después de que las ACSN difundieran un comunicado —hace seis meses, según el delegado— anunciando que frenarían la extorsión por tres meses.

El representante del Gobierno sostuvo que, de acuerdo con lo que él conoce, el grupo “nunca ponía la firma en ninguna extorsión” y que actualmente niega de manera reiterada estar detrás de esos hechos. “Es lo que dicen ellos”, puntualizó.

Sobre la verificación de responsabilidades, Silva indicó que la investigación corresponde al CTI, la Policía y la Fiscalía, y aclaró que él no tiene competencias de investigación.

Seguridad, cierres y “vacíos de poder”

Silva mencionó situaciones que calificó como “incomprensibles”, como intimidaciones relacionadas con “unas manillas de entrada a un parque”. En su explicación, planteó que hay hechos que “no cuadran” con el momento del proceso.

En ese mismo marco, afirmó que la concurrencia de la Fuerza Pública para proteger la troncal del Caribe es “fundamental” y que el cierre del parque al que se refirió obedece a un tema de inseguridad. Según dijo, Parques Nacionales le ha transmitido que “todo el mundo habla en nombre del grupo” y que, al confrontar esas versiones, desde las Autodefensas responden que no han dado ese tipo de órdenes.

El delegado expresó que percibe que el grupo “se ha alejado un poco del control milimétrico”, lo que, en su lectura, deja una sensación de “vacío de poder”. Añadió que en ese escenario hay “muchos bandidos” y que no cree que se trate necesariamente de una estructura organizada, aunque insistió en que su reporte se limita a lo que el grupo le comunica.

Enfrentamientos y presión territorial

Silva también se refirió a enfrentamientos con el ‘clan del Golfo’ por el control territorial. Indicó que el miércoles hubo combates con el EGC y que, en la zona mencionada por él, el grupo es atacado “permanentemente” por esa estructura.

Además, señaló que hay otros enfrentamientos en el sur del Cesar.

Interpretación del caso

Este caso muestra una tensión difícil de gestionar en cualquier conversación sociojurídica: mientras se protocolizan compromisos y se reportan medidas en cumplimiento, persisten denuncias que afectan la percepción de seguridad y la confianza en el proceso. En el relato del delegado, el punto crítico no es solo la existencia de hechos como la extorsión, sino la disputa por la autoría y el uso del nombre del grupo como supuesto respaldo para intimidar. Esa ambigüedad crea un entorno en el que la línea entre control real, suplantación y criminalidad oportunista se vuelve borrosa.

En este contexto se observa que la coordinación institucional es determinante: el delegado remite la investigación al CTI, la Policía y la Fiscalía, y al mismo tiempo subraya que la seguridad debe ser garantizada por la Fuerza Pública. La combinación de compromisos de no interferencia electoral, cese de acciones ofensivas y no reclutamiento, con un escenario de denuncias y cierres por inseguridad, deja claro que el avance no se mide solo por la firma o la protocolización, sino por la capacidad del Estado de sostener presencia y control efectivo del territorio mientras el grupo transita hacia “dejar de existir”, desmovilizarse y someterse a la justicia.