Elecciones legislativas del 8 de marzo golpean el componente político del acuerdo de paz: Comunes pierde personería y las curules de paz quedan en disputa

Introducción

Las elecciones legislativas del 8 de marzo dejaron un impacto directo sobre el punto 2 del acuerdo de paz de 2016, enfocado en ampliar la participación política de sectores históricamente excluidos. Dos resultados concentraron la atención: el partido Comunes no alcanzó el umbral mínimo de votos y perderá su personería jurídica, y las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz (Citrep) terminaron ocupadas por candidaturas con apoyos de estructuras políticas tradicionales.

Contexto y hechos clave

Comunes, partido surgido de los firmantes del acuerdo con las extintas Farc, participó en estas elecciones como la primera vez en la que competía en igualdad de condiciones con otras colectividades. En paralelo, las Citrep fueron concebidas para asegurar representación directa de víctimas del conflicto y comunidades rurales, pero los resultados mostraron una fuerte incidencia de respaldos políticos regionales.

Qué pasó con Comunes en las urnas

La estrategia electoral de Comunes incluyó una alianza con Fuerza Ciudadana, el movimiento del exgobernador Carlos Caicedo. Según miembros del partido, esa decisión se dio luego de que el Pacto Histórico les cerrara las puertas.

Su figura más visible en la contienda, la senadora Sandra Ramírez, obtuvo 10.505 votos, equivalentes al 0,05 % del total. Con ese desempeño, el partido perderá las diez curules que ocupó de forma garantizada durante dos periodos constitucionales.

Las razones que expuso Pastor Alape

Félix Antonio Muñoz Lascarro, conocido como Pastor Alape y miembro del exsecretariado de las Farc, atribuyó el resultado a una combinación de factores estructurales y coyunturales. En primer lugar, habló de limitaciones de seguridad en territorios donde el partido ha tenido su base social, por la presencia de actores armados y amenazas directas que, según dijo, impidieron hacer campaña en zonas rurales.

“Nosotros no pudimos llegar a todo el territorio. Nuestro acumulado histórico está en las zonas rurales, y hoy no podemos asistir a ellas debido a los actores armados que todavía actúan en nuestros territorios. La mayoría de ellos han expresado públicamente que somos objetivo de sus acciones”, afirmó en declaraciones a EL TIEMPO.

Alape también mencionó dificultades económicas y de financiación frente a otras fuerzas políticas, además de la persistencia de la estigmatización contra los firmantes del acuerdo. Sumó un factor político: la competencia dentro del espectro de izquierda, donde fuerzas más grandes absorbieron parte del electorado potencial. Desde otros sectores se señaló, además, que el escaso impacto legislativo de Comunes en estos ocho años en el Congreso pudo influir en el resultado.

“¿Qué nos pudo haber faltado? Una mayor capacidad para mostrar lo que estábamos haciendo. Tuvimos muchas limitaciones de comunicación”, reconoció Alape.

Qué dicen los firmantes tras el revés

Pese al resultado, los firmantes aseguraron que continuarán en la acción política, con ajustes institucionales y de liderazgo una vez se formalice la pérdida de la personería jurídica.

“Somos un proyecto político y seguimos como movimiento, con una bandera central: el acuerdo de paz. Habrá tareas de reorganización, pero lo importante es cumplir la palabra empeñada: la verdad, la reconciliación y la construcción de paz”, dijo la senadora Sandra Ramírez.

Curules de paz: influencia de la política tradicional

En las Citrep, el balance quedó marcado por la llegada de candidaturas que, según el recuento del caso, contaron con respaldos de figuras y clanes políticos regionales. En Antioquia, Javier Eduardo López, inscrito por el Movimiento Asociación de Víctimas Constructoras de Paz, fue electo con el respaldo del liberal Julián Bedoya, descrito como un controvertido cacique regional.

En el Catatumbo, Tatiana Gaona Pinzón, representante electa, cuenta —según la Fundación Paz y Reconciliación— con el apoyo del clan Pinzón y de su primo, el congresista conservador Ciro Rodríguez Pinzón, figura histórica de la política local y cercano a la casa de William Villamizar, actual gobernador de Norte de Santander.

En la Orinoquía, Alejandro Castillo, de Asoprocacao y quien ocupará la curul de paz por los territorios del sur del Meta y Guaviare, cuenta con el respaldo del exgobernador del Guaviare, Heydeer Yovanny Palacios (2020-2023), a quien la Procuraduría General de la Nación le formuló pliego de cargos por presuntas irregularidades en la estructuración y ejecución de un proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías.

Críticas y matices sobre los controles

El abogado y docente Wilson Leal Echeverri sostuvo en una columna de opinión para El Olfato que la prohibición de que partidos con personería jurídica avalen candidatos contrasta con el apoyo logístico y financiero que, según su visión, inyectan “casas políticas” por fuera de los mecanismos formales.

“La prohibición normativa de que los partidos con personería jurídica avalen candidatos es hoy un chiste de mal gusto frente al apoyo logístico y financiero que las ‘casas políticas’ inyectan por debajo de la mesa. Se trata de conseguir una curul barata, un beneficio al que pocos se niegan. Las curules de paz terminaron siendo el caballo de Troya para que los de siempre sigan ganando a costa de los de nunca”, escribió.

Alape, por su parte, reconoció falencias en controles, pero planteó que el resultado no implica necesariamente un fracaso del mecanismo. “Eso ha sido parte de las falencias en los controles que debieron establecerse. Pero ese es el juego de la democracia; así terminó aprobando el Congreso el funcionamiento de estas curules. Eso no indica que haya fracasado”, opinó.

El caso de Karen Manrique y la UNGRD

Uno de los episodios que más tensiona la discusión sobre las curules de paz es el de la representante de Arauca, Karen Manrique. Según el reporte, cumple una medida de aseguramiento ordenada por la Corte Suprema de Justicia por el delito de cohecho impropio, por su presunto rol en el entramado del saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Manrique es señalada de recibir contratos en Saravena a cambio de su voto favorable a empréstitos sometidos a discusión de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. En el mismo caso, se indicó que su esposo —también mencionado por chats que hoy tienen a Manrique privada de la libertad— reclamó su credencial como representante reelecta.

Perspectiva

Este caso muestra una tensión central del diseño institucional: abrir espacios de representación no garantiza, por sí solo, que esos espacios queden blindados frente a dinámicas políticas ya instaladas. En el mismo ciclo electoral se cruzan dos señales: la pérdida de personería de un partido nacido del acuerdo, y el cuestionamiento sobre cómo se están ocupando las curules creadas para representar a víctimas y comunidades rurales.

En este contexto se observa que los factores operativos importan tanto como las reglas. Las limitaciones de seguridad y de financiación descritas por Pastor Alape, sumadas a problemas de comunicación reconocidos por el propio liderazgo, evidencian que competir “en igualdad de condiciones” puede ser una meta formal que no siempre se traduce en condiciones reales de campaña.

Al mismo tiempo, las denuncias y críticas sobre apoyos políticos regionales en las Citrep subrayan un riesgo de captura: cuando los controles no logran detectar o frenar respaldos logísticos y financieros, el mecanismo puede perder nitidez frente a su propósito original. La discusión, más que cerrarse en un veredicto de éxito o fracaso, queda planteada en términos de credibilidad, vigilancia y capacidad de corregir fallas sin desnaturalizar la representación que se buscaba proteger.