Petro responsabiliza al gobierno Duque por el accidente del Hércules 1016 mientras la oposición cuestiona el mantenimiento en su administración

Tras el accidente del avión Hércules 1016 en medio de la tragedia de Puerto Leguízamo, que deja al menos 66 uniformados muertos, el presidente Gustavo Petro centró sus pronunciamientos en responsabilizar al gobierno de Iván Duque por la compra de la aeronave. Sus señalamientos se dieron cuando, según el propio contenido de sus mensajes, aún no se conocen las razones del desastre aéreo.

Hechos clave y mensajes del presidente

Petro, quien completa tres años y ocho meses en el cargo, afirmó que la aeronave fue recibida durante la administración anterior como una compra a los Estados Unidos. En un mensaje, expresó: “Siento mucho dolor por los hijos perdidos, 34 jóvenes muertos por defender a Colombia. En el año 2020 compraron una chatarra y se cayó, vamos a ver ¿por qué?”.

En otra publicación, insistió en su crítica al tipo de adquisición y preguntó: “¿Por qué no compraron un avión nuevo, así como compran sus autos y sus apartamentos?”.

Mención a Juan Daniel Oviedo y respuesta a Paloma Valencia

En un trino posterior, el presidente hizo una mención directa a Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane, pese a que el texto señala que no tenía relación con la compra de armamento. “Hay que averiguar quién fue el contratista y porque se le ocurrió a Duque comprar una chatarra, Oviedo debe saber. Un país no se defiende con chatarra y corruptos”, escribió Petro.

Ese mensaje fue una respuesta a un llamado de Paloma Valencia para que se realice una investigación que esclarezca lo ocurrido.

Modernización de armamento: Confis y Conpes

Además de los señalamientos sobre la compra del avión, Petro pidió activar instancias para avanzar en adquisiciones. “Quiero que el ministro de defensa y de hacienda reúnan el Confis y el Conpes para la compra de armamento que he pedido desde hace un año. La guerra es un negocio y por eso quieren prolongarla, el narco les da la excusa, pero los que mueren son los jóvenes hijos del pueblo”, indicó.

El texto también señala que, durante la tarde del lunes festivo, el mandatario replicó mensajes que cuestionaban la compra de la aeronave, destacando que tenía más de 40 años de servicio cuando fue adquirida para la Fuerza Aérea Colombiana.

Críticas desde la oposición y cuestionamientos por mantenimiento

Desde la oposición, se cuestionó que el presidente enfocara su reacción en culpar a otros, pese a llevar más de tres años en el gobierno. Paloma Valencia afirmó: “Es inadmisible que lo primero que haya hecho Gustavo Petro haya sido culpar a otros. Usted, presidente, es el comandante en jefe y sus decisiones tienen consecuencias para la vida de quienes están en la Fuerza Pública”.

También se plantearon dudas sobre la accidentalidad de aeronaves de la Fuerza Pública y el mantenimiento que se estaría realizando. Luis Felipe Henao, exministro, sostuvo: “El deterioro en el mantenimiento de los helicópteros no es un hecho aislado: refleja una política de debilitamiento progresivo de las Fuerzas Militares. En estos 4 años, el Gobierno ha priorizado una narrativa de ‘paz total’ que, en la práctica, ha reducido capacidades operativas mientras grupos armados se fortalecen. La seguridad no puede sacrificarse por cálculo político”.

El exministro de Defensa Diego Molano también se refirió al tema: “Una nación necesita respaldar a sus soldados y policías. Y las fuerzas militares, equipos y naves seguros, Lamentamos que el Hércules de Fuerza Aérea se accidentara en un vuelo de apoyo con más de 100 Soldados ¿Qué está pasando con el mantenimiento?”.

Interpretación del caso

Este caso muestra cómo, ante una tragedia con alto impacto humano, el debate público puede desplazarse rápidamente hacia la asignación de responsabilidades políticas, incluso cuando el propio relato reconoce que no se conocen las razones del accidente. La discusión se divide entre dos ejes: por un lado, el cuestionamiento a la compra de una aeronave con décadas de servicio y, por otro, la exigencia de explicaciones sobre el mantenimiento y las decisiones bajo el mando actual.

En este contexto se observa un riesgo claro para la gestión pública: cuando el foco se concentra en el cruce de acusaciones, la conversación sobre verificación —quién contrató, qué se compró, bajo qué criterios y qué controles operaron— puede quedar subordinada a la disputa política. Al mismo tiempo, el llamado presidencial a reunir Confis y Conpes para compras de armamento introduce un componente de política pública que, por su naturaleza, demanda trazabilidad y claridad en prioridades. La tensión entre modernización, control del gasto y seguridad operacional queda expuesta como un punto sensible, especialmente cuando la oposición enmarca el debate en la responsabilidad del comandante en jefe y en el estado del mantenimiento de las aeronaves.