Los Angeles Times: DEA habría clasificado a Gustavo Petro como “objetivo prioritario” en investigaciones por presuntos vínculos con narcotráfico

Un reporte de Los Angeles Times señala que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, habría sido identificado como un “objetivo prioritario” por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). La información, según ese medio, se basa en fuentes familiarizadas con el caso y en documentos oficiales.

De acuerdo con lo publicado, registros de la DEA indicarían que el mandatario ha aparecido en múltiples indagaciones desde 2022. Estas pesquisas, siempre según el reporte, se habrían apoyado en entrevistas con informantes confidenciales y apuntarían a presuntos contactos con organizaciones criminales, entre ellas el cártel de Sinaloa.

Qué dice el reporte sobre la clasificación de “objetivo prioritario”

Los Angeles Times afirma que la categoría de “objetivo prioritario” dentro de la DEA se reserva para personas consideradas con un impacto significativo en el tráfico de drogas. En ese marco, el reporte menciona hipótesis sobre un posible uso de la política de “paz total” para favorecer a narcotraficantes que habrían contribuido a su campaña presidencial.

El mismo informe también alude a presuntas maniobras para facilitar el contrabando de cocaína y fentanilo a través de puertos colombianos, incluso mediante el uso de estructuras de seguridad, según los registros citados por el medio.

Investigación en etapa inicial en Nueva York

En paralelo, el reporte indica que fiscales federales en Nueva York estarían desarrollando una investigación en fase preliminar sobre posibles vínculos entre Petro y redes de narcotráfico. Según Los Angeles Times, fiscales en Brooklyn y Manhattan han interrogado en los últimos meses a narcotraficantes sobre supuestas relaciones con el entorno del presidente.

Uno de los focos mencionados gira alrededor de denuncias según las cuales representantes del mandatario habrían solicitado sobornos a narcotraficantes recluidos en la cárcel La Picota, en Bogotá. A cambio, se habría ofrecido interceder para evitar su extradición a Estados Unidos.

Sin embargo, las fuentes citadas por el medio señalan que, hasta el momento, no está claro si los fiscales han vinculado directamente a Petro con algún delito. También se indica que las investigaciones no han determinado si derivarán en cargos formales.

Reacciones y postura oficial

El reporte sostiene que las autoridades estadounidenses no han emitido comentarios oficiales sobre estas investigaciones y que voceros de la DEA tampoco se han pronunciado. Por su parte, un portavoz de la presidencia colombiana declinó comentar sobre procesos en curso.

Los Angeles Times recoge que Petro ha rechazado de manera reiterada las acusaciones de vínculos con el narcotráfico. El informe menciona señalamientos previos del expresidente estadounidense Donald Trump, quien lo calificó como “líder ilegal de drogas”, así como sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro a finales de 2025.

Según el reporte, el presidente ha sostenido que su gobierno combate a los grandes carteles, mientras impulsa un enfoque diferenciado hacia campesinos cultivadores de coca. El mismo texto agrega que la Casa Blanca no estaría involucrada en estos procesos.

Familia y antecedentes en el escrutinio

El reporte también incluye elementos del entorno familiar y político del presidente. Según lo publicado, autoridades colombianas han investigado durante años a miembros de su familia.

En ese contexto, se menciona que su hijo, Nicolás Petro, fue acusado en 2023 de recibir aportes ilegales de campaña provenientes de un narcotraficante condenado, caso en el que se ha declarado inocente. También se indica que su hermano, Juan Fernando Petro, ha sido mencionado en supuestas negociaciones con narcotraficantes encarcelados relacionadas con posibles beneficios frente a la extradición.

El informe, además, recuerda antecedentes del propio Petro como exintegrante del movimiento guerrillero M-19, organización que en el pasado fue objeto de sospechas por presuntos vínculos con carteles, aunque sus líderes han negado esas relaciones. El reporte precisa que el presidente no participó en el asalto al Palacio de Justicia en 1985.

Interpretación del caso

Este caso muestra cómo un reporte periodístico basado en fuentes y documentos puede instalar, de manera inmediata, un tema de alto impacto político e institucional: la existencia de investigaciones y la forma en que se clasifican dentro de una agencia como la DEA. En la práctica, el punto más sensible no es solo la etiqueta de “objetivo prioritario”, sino la combinación de elementos que el informe pone sobre la mesa: menciones a indagaciones desde 2022, entrevistas con informantes confidenciales, hipótesis sobre contactos con organizaciones criminales y una investigación preliminar en Nueva York.

También se observa un límite claro en la información disponible: el propio reporte admite que no está definido si hay una vinculación directa del presidente con algún delito y que no se sabe si habrá cargos formales. Esa distancia entre investigación y acusación es crucial para entender el alcance real del tema y para evitar conclusiones que el material no respalda.

En términos institucionales, el silencio de autoridades estadounidenses y de la DEA, junto con la decisión de la presidencia de no comentar procesos en curso, deja el debate concentrado en lo que el medio afirma haber visto en registros y testimonios. En ese escenario, la claridad sobre qué está confirmado y qué permanece como hipótesis se vuelve determinante para la lectura pública del caso.