Disidencia de las Farc habría ordenado el asesinato de Miguel Uribe Turbay, según testimonio de un condenado

Lo que reveló el testimonio

El asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido a mediados del año pasado en Bogotá, habría sido ordenado por la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de la antigua guerrilla de las Farc. Esa versión fue atribuida al testimonio de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, uno de los condenados por el crimen, según reveló este sábado la revista Semana.

De acuerdo con la declaración citada, Pérez Marroquín afirmó: “El grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia”. El hombre fue condenado a 22 años y cuatro meses de cárcel, señalado como responsable de organizar y coordinar el magnicidio del político.

Hechos del ataque y muerte del senador

Uribe Turbay, de 39 años y miembro del partido opositor Centro Democrático, fue herido con dos disparos en la cabeza durante un mitin el 7 de junio en el barrio Modelia. Murió el 11 de agosto, luego de permanecer más de dos meses ingresado en una clínica.

Quién habría dado la orden directa, según la declaración

Semana informó que, cuando investigadores de la Fiscalía le preguntaron al hoy condenado quién dio la orden directa del magnicidio, respondió: “La impartió el Zarco Aldinever, de la Segunda Marquetalia”.

Tras conocerse esa versión, el concejal bogotano y representante electo a la Cámara Daniel Briceño publicó en su cuenta de X: “Alias el Zarco Aldinever dio la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay”. Briceño, quien se identificó como uno de los mejores amigos de la víctima y compañero suyo en el Centro Democrático, recordó que el Zarco Aldinever “fue un gestor de paz” designado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro “al inicio de su fracasada negociación con la Segunda Marquetalia de Iván Márquez”, y agregó: “La paz total asesinó a Miguel”.

Dinero mencionado y supuestos intentos de encubrimiento

Según la revista, Pérez Marroquín indicó que se ofrecían 1.000 millones de pesos (unos 250.000 dólares) por el crimen. También señaló que se habrían dispuesto otros 600 millones de pesos (unos 150.000 dólares) “para sobornar a la Justicia o, si era el caso, ‘mocharles la cabeza’, a fin de que no se conociera toda la verdad”.

Cómo se habría articulado el plan, según la Fiscalía

En el testimonio citado por Semana, Pérez Marroquín aseguró que quien le informó que la Segunda Marquetalia había ordenado la operación fue Kendry Téllez Álvarez, alias Yako, un desmovilizado de las Farc que volvió a tomar las armas y se unió a esa disidencia.

Alias El Viejo relató que Yako, a quien conoció en la cárcel, lo contactó para planear el asesinato y que el plan se concretó en un viaje a Cúcuta y a la frontera con Venezuela, donde se reunió con el Zarco Aldinever.

Según la Fiscalía, Pérez Marroquín encargó a Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, articular el plan criminal. También se le atribuyen seguimientos a la víctima y la entrega del arma de fuego a una mujer implicada; el arma, posteriormente, habría sido modificada para aumentar su letalidad.

Capturas y condenas reportadas

Por este asesinato han sido capturadas nueve personas. Cuatro ya fueron condenadas, incluido el adolescente que disparó contra Uribe Turbay.

Interpretación del caso

Este caso muestra cómo un proceso penal puede depender de piezas clave: testimonios, hipótesis previas de las autoridades y la forma en que se conectan los roles dentro de una operación criminal. En la información conocida, el relato de un condenado no solo apunta a una estructura específica —la Segunda Marquetalia— sino que también ubica una presunta cadena de mando al mencionar una “orden directa” atribuida a un alias concreto. Esa precisión, cuando aparece en una declaración judicial, suele convertirse en un punto de referencia para contrastar otras evidencias y para delimitar responsabilidades.

También se observa un componente de incentivos y presiones alrededor del caso, reflejado en las cifras mencionadas sobre pagos por el crimen y recursos destinados a interferir con la justicia. Sin agregar supuestos, el solo hecho de que esos montos aparezcan en un testimonio ilustra el riesgo de que investigaciones de alto impacto enfrenten intentos de manipulación o silenciamiento.

Finalmente, la reacción pública de un dirigente político cercano a la víctima evidencia cómo, en hechos de esta naturaleza, el debate institucional y el debate político pueden cruzarse, elevando la exigencia de claridad sobre lo que está probado, lo que está en investigación y lo que corresponde a opiniones.