CNEB declara “estado crítico” el proceso de paz tras muerte de alias Machaco; fuentes militares niegan participación del Ejército
El proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) fue declarado en “estado crítico” por esa estructura armada, luego de la muerte de Alexander Rondón, alias Machaco, quien...
El proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) fue declarado en “estado crítico” por esa estructura armada, luego de la muerte de Alexander Rondón, alias Machaco, quien hacía parte de la mesa de paz. La CNEB atribuyó el hecho a un operativo de las Fuerzas Militares ocurrido en la noche del 15 de marzo, mientras que fuentes militares negaron que el Ejército estuviera relacionado.
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Contexto y hechos clave
La declaración fue anunciada por la disidencia de la Segunda Marquetalia, en un momento en el que, según la información disponible, la “paz total” enfrenta dificultades adicionales, entre ellas la puesta en marcha de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) con el ‘Clan del Golfo’.
De acuerdo con el grupo armado al mando de José Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza, y del que también hace parte Geovani Rojas, alias Araña, jefe de los Comandos de Frontera, la muerte de alias Machaco se habría producido por un operativo de las Fuerzas Militares.
Versiones sobre el abatimiento
Fuentes militares, por su parte, negaron la participación del Ejército en el abatimiento y señalaron que lo ocurrido correspondería a combates entre grupos armados ilegales.
En un comunicado, la CNEB afirmó: “Ante este nuevo ataque a la mesa de paz por parte de fuerzas oscurantistas enquistadas y bajo un manto de impunidad; declaramos el proceso en estado crítico. Instamos a los países garantes a realizar las gestiones pertinentes para el cumplimiento de las plenas garantías en cuanto a la seguridad humana y territorial e insistimos en la clara definición del marco jurídico del único proceso de paz que ha sobrevivido ante tanto ataque”.
Avances recientes en la mesa y acuerdos
Antes de esta declaración, la delegación del Gobierno encabezada por Armando Novoa y la de la CNEB realizaron el séptimo ciclo de diálogos entre el 11 y el 13 de marzo en el corregimiento de Llorente, en Tumaco (Nariño).
Entre los acuerdos mencionados está la puesta en marcha de dos Zonas de Ubicación Temporal (ZUT): una en la zona rural de Roberto Payán, en Nariño, y otra en el área rural del municipio de Valle del Guamuez, en Putumayo, con una duración prevista de diez meses.
La zona de Valle del Guamuez quedó establecida en la Resolución 053 de 2026. Allí está previsto que se concentren 100 hombres de la CNEB, quienes tendrán suspendidas las órdenes de captura en su contra.
Alertas y cuestionamientos alrededor de las ZUT
Según información conocida por EL TIEMPO, informes de inteligencia advierten sobre una posible “jugada” de la estructura armada: concentrar en las Zonas de Ubicación Temporal a combatientes que ya se encuentran en proceso de salida, una maniobra que, de acuerdo con esos reportes, no tendría un impacto real en su capacidad militar ni en su accionar criminal.
Exigencias de la CNEB al Gobierno
En el mismo comunicado, la CNEB pidió al presidente Gustavo Petro Urrego, al ministro de Defensa y a la mesa de paz por parte del Gobierno que investiguen “sobre la orden y su procedencia”. En su mensaje, el grupo agregó: “no asesinaron un hombre, asesinaron la tranquilidad del pueblo tumaqueño, derrumban las vías de paz, entierran la bandera blanca como símbolo y acción que ha hecho de nuestro municipio uno de los más seguros del país”.
Interpretación del caso
Este caso muestra cómo un proceso de diálogo puede entrar en tensión cuando se cruzan dos elementos: la seguridad de quienes participan en la mesa y la disputa por la narrativa de los hechos. La CNEB plantea que la muerte de un integrante de la mesa se originó en un operativo de las Fuerzas Militares, mientras que fuentes militares descartan la participación del Ejército y hablan de combates entre grupos armados ilegales. Esa divergencia no es un detalle menor: impacta la confianza mínima necesaria para sostener conversaciones y, al mismo tiempo, presiona a las partes a responder públicamente.
En este contexto se observa también la relevancia de las Zonas de Ubicación Temporal como instrumento operativo del proceso. Su diseño incluye reglas concretas —como la concentración de un número definido de hombres y la suspensión de órdenes de captura—, pero su credibilidad depende de que los compromisos se traduzcan en cambios verificables. Las alertas de inteligencia sobre una posible concentración de combatientes “en proceso de salida” introducen un riesgo adicional: que el mecanismo se perciba como formal, pero sin efectos reales sobre la capacidad armada. Cuando eso ocurre, el costo político y la fragilidad del proceso aumentan.


