Colombia sube al top 10 mundial de terrorismo mientras el fenómeno se desplaza hacia el crimen organizado

Colombia aparece entre los diez países más afectados por el terrorismo en el mundo, de acuerdo con el Índice Global de Terrorismo de 2026. El dato se conoce en un momento que el propio informe describe como paradójico: el total global de muertes por terrorismo está en su nivel más bajo desde 2007, pero el país escala en el ranking.

Thomas Morgan, director de investigación del Instituto para la Economía y la Paz (IEP), explicó que esta aparente contradicción se relaciona con la forma en que varios conflictos están cambiando sus tácticas. En su lectura, la disminución de muertes no implica necesariamente una reducción del terrorismo, sino una transformación de cómo operan los actores armados.

Hechos clave: una “zona gris” entre lo político y lo criminal

Según Morgan, el principal foco de terrorismo en América Latina está en Colombia, particularmente en la frontera colombo-venezolana. Allí operan el ELN y grupos disidentes de las Farc, organizaciones con motivaciones históricamente ideológicas que hoy se mueven en una “zona gris” entre la motivación política y el crimen organizado, especialmente el narcotráfico.

Ese desplazamiento también se refleja en el tratamiento del Gobierno colombiano. Morgan señaló que durante el proceso de paz se les abordó como grupos políticos, pero más recientemente han sido calificados como “narco-tropas”, subrayando su vínculo con organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Más que una subestimación del terrorismo, el diagnóstico apunta a una dificultad para definir la respuesta adecuada cuando el fenómeno se ubica entre lo político y lo criminal. La incertidumbre, según el investigador, está en si la respuesta debe ser militar, política o antiterrorista.

Cómo cambian las tácticas y qué implica para la resolución del conflicto

El IEP describe que, en otros escenarios, los conflictos han evolucionado en dirección contraria. Morgan puso como ejemplo el Sahel Central (en el África subsahariana), donde durante los últimos cinco años se ha concentrado el epicentro del terrorismo y donde grupos como JNIM recurren cada vez más a bloqueos económicos en lugar de operaciones directas.

En Colombia, en cambio, el proceso habría sido inverso: grupos explícitamente políticos de extrema izquierda marxista fueron perdiendo su motivación ideológica original a medida que el narcotráfico adquirió mayor centralidad. En ese contexto, Morgan advirtió que cuando un grupo pierde interés en resultados políticos, los procesos de paz tradicionales resultan menos eficaces.

También afirmó que los altos al fuego anunciados en los últimos años, en lugar de aprovecharse para avanzar políticamente, se han convertido en oportunidades para que los grupos se reorganicen y consoliden sus pretensiones territoriales.

Fronteras como puntos críticos: brechas de autoridad y coordinación

El análisis del IEP sostiene que las zonas fronterizas concentran violencia por brechas de autoridad estatal, dificultades de coordinación entre países y condiciones geográficas adversas que limitan la acción de las fuerzas de seguridad. Esto facilita que los grupos se muevan con impunidad, operen como gobiernos de facto —como ocurre con el ELN en algunas zonas— y consoliden control territorial.

En el caso de la frontera colombo-venezolana, Morgan enumeró factores que la convierten en un punto de alerta: tensiones políticas que dificultan la cooperación, débil presencia estatal y condiciones geográficas complejas. También mencionó que la falta de acuerdos efectivos entre ambos países recuerda dinámicas vistas en el Sahel, donde la ausencia de coordinación intergubernamental limita respuestas antiterroristas.

Drones, verificación de ataques y fragmentación interna

El informe y la conversación con Morgan resaltan que la atribución y el registro de ataques no siempre es lineal. Por un lado, los grupos pueden optar por no reivindicar acciones porque no buscan enviar un mensaje amplio o porque temen afectar a poblaciones civiles y provocar una respuesta negativa. Por otro, existe incertidumbre sobre cómo se recopilan y verifican datos en zonas fronterizas.

En el caso de los grupos disidentes de las Farc, Morgan señaló que existen docenas de facciones distintas, lo que introduce complejidad sobre jerarquías y sobre quién reivindica un ataque.

Un punto operativo central es el uso creciente de drones. Morgan indicó que se registraron alrededor de 77 incidentes con drones vinculados al terrorismo solo en el último año en Colombia. A su juicio, sin tácticas eficaces para contrarrestarlos, los grupos tienen menos incentivos para participar en procesos políticos, ya que pueden ejecutar ataques con cierta impunidad.

El investigador agregó que el Gobierno colombiano ha avanzado en la clasificación jurídica de estos ataques como actos terroristas y ha aumentado su dependencia de tecnologías antidrones, aunque subrayó que el desarrollo tecnológico avanza con rapidez y los grupos se adaptan constantemente. Comparó esta dinámica con lo observado en la guerra entre Ucrania y Rusia, y expresó preocupación por el uso sofisticado de estas tecnologías por actores no estatales.

Retos y desafíos que deja el diagnóstico

El panorama descrito por el IEP plantea retos concretos: definir una respuesta estatal coherente cuando la motivación de los grupos se mezcla con economías ilícitas; enfrentar la concentración de violencia en zonas fronterizas con baja coordinación; y adaptarse a un entorno donde tecnologías como drones amplían capacidades operativas.

En paralelo, Morgan mencionó una tendencia de “distribución más desigual” de la violencia: al comparar la brecha entre los 25 países más pacíficos y los 25 menos pacíficos en el Índice Global de Paz entre 2008 y 2025, los más pacíficos apenas han cambiado, mientras que los menos pacíficos se han vuelto significativamente más violentos.

También señaló que el 98 por ciento de los ataques registrados ocurren en países que ya están en conflicto, por lo que el terrorismo se usa primordialmente como táctica. Y advirtió que, cuando ocurre fuera de zonas de conflicto, el impacto puede ser cualitativamente mayor, como lo mostró el ataque en la playa de Bondi, en Australia, en 2025, por su efecto social y psicológico.

Interpretación del caso

Este caso muestra un problema de definición que termina siendo operativo: cuando un actor armado se mueve entre lo político y lo criminal, el Estado enfrenta un dilema sobre el tipo de respuesta que prioriza. Si se le trata como interlocutor político, el marco de negociación puede perder eficacia si el incentivo central ya no es un resultado político. Si se le aborda solo como amenaza criminal o terrorista, el reto es sostener una estrategia que funcione en territorios donde, según el propio diagnóstico, hay brechas de autoridad, coordinación limitada y condiciones geográficas que dificultan la acción estatal.

La lectura del IEP también sugiere que la tecnología está alterando costos y capacidades. El uso de drones, y la necesidad de contramedidas, introduce una carrera de adaptación que puede reducir los incentivos para entrar en procesos políticos si los grupos perciben que pueden operar con relativa impunidad. En ese contexto, la discusión no es únicamente jurídica o de seguridad: es de diseño de respuesta, de coordinación y de capacidad para sostener presencia y control territorial donde hoy se consolidan economías ilícitas y estructuras armadas fragmentadas.